En la Resistencia Popular del PSUV siempre hemos sostenido que detrás de cada obra, acción, medida, decreto o actuación de los gobiernos de la IV República había un negocio montado. Pero inaudito y sorprendente es que hoy los dirigentes de AD y COPEI infiltrados en la V República se hagan pasar por revolucionarios y socialistas, cuando en realidad hacen lo mismo que hicieron en el pasado.
El gobernador en más de una oportunidad nos ha llamado
moralistas por denunciar casos de corrupción administrativa. Entienda señor
gobernador, sus Directores y candidatos, que el socialismo no es compatible
Contla corrupción, la ineficiencia y la ineficacia. Estos vicios son producto
del burocratismo del sistema capitalista y que ha sido heredado por la
burocracia de los gobiernos socialistas, y que ha sido una de las causas de
mayor peso que originó la caída del socialismo en la Unión Soviética y la
desintegración de esta gran unión.
Y como en Venezuela tenemos un gobierno que se declara a
favor del sistema socialista, en la práctica, con excepción del Presidente y
pocos funcionarios, la mayoría actúa como capitalistas porque no han cambiado
su mentalidad pues están allí cuidando sus cargos y sus privilegios. Ya Lenin
lo decía en “El Estado y la
Revolución”, “que los funcionarios de nuestras organizaciones políticas y sindicales,
muestran la tendencia a corromperse y convertirse en burócratas, es decir, en
personas privilegiadas, divorciadas y situadas por encima de las masas”.
En
Venezuela, el actual funcionarato pumarosa (rojo por fuera, blanco por dentro),
está repitiendo la funesta experiencia ocurrida durante la bonanza petrolera
del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, derrochando y apropiándose de
recursos del Estado venezolano, aprovechando la abundancia fiscal generada por
el aumento de los precios del petróleo. Trujillo no podía ser una excepción,
pues aquí se ha enriquecido la dirigencia de AD y COPEI que comenzó a
apoderarse del MVR, del PSUV y de las instituciones del Estado. Numerosos casos
de corrupción entre ellos el abortado acueducto Mirabel de Carvajal, donde de
hicieron sal y agua 4.900.000.000 de
bolívares viejos en manos del ex alcalde Richard Cabrices; la entrega de 3
millardos de bolívares fuertes para la
construcción del Mercado de Mayoristas
de Jiménez, el cual nunca se construyó; los recursos entregados por el FUS
para la confección de 118 mil pares de zapatos y uniformes escolares que no se
hicieron realidad; la entrega de recursos a falsos comunistas y bolivarianos
para la construcción dos carreteras en el Municipio Candelaria y 50 casas en el Municipio Rafael Rangel, que
tampoco fueron construidas. El sobre precio de equipos e insumos para
FUNDASALUD y otros organismos; el cobro
de comisiones por obras construidas. Hoy ponen en práctica una novedosa vía de
corrupción consistente en la creación de
empresas por parte de Directores de organismos o personas allegadas para vender
insumos y equipos a esos mismos organismos que ellos presiden, lo cual es
censurado por la Ley
contra la Corrupción
en el Artículo 41 numeral 4. Algunos militantes del partido han manifestado que
en SATRUD y en otros organismos
presuntamente han surgido esos vicios.
La adquisición de terrenos para la
construcción de viviendas de interés social frente al Destacamento 15 de la Guardia Nacional,
tiene presuntos visos de acciones contra la nación por parte del gobierno de
Hugo Cabezas. La historia de este escandaloso caso se inició en el
mes
de Diciembre del 2.005 al efectuarse la
protocolización de la compra de 5 hectáreas con 778 metros cuadrados
(50.778 metros
cuadrados), por la cantidad de 18 millones de bolívares
viejos por parte de José Esteban Fontiveros en representación de José Vicente
Fontiveros Villasana, según documento registrado bajo el número 46, Tomo 35. El
03 de Agosto del 2.006, la alcaldía de Valera representada por Alí Quintero
adquirió 17.408,22 mts2, ( 1
hectárea con 7.408,22 mts2), presuntamente para
construir la sede de la UBV,
por un monto de 200 millones de bolívares viejos, según documento protocolizado
bajo el número 26, Tomo 4, Protocolo 1ro, Tercer Trimestre 2.006. Para ese
entonces el Ingeniero Juan Toro Alarza presidía
la oficina de Catastro de la Alcaldía.
Para el 11 de Marzo del 2.009 el Ejecutivo regional
presidido por Hugo Cabezas, obtiene a través del Fondo de Desarrollo del Estado
Trujillo (UDET), presidido por Juan Toro Alarza, un lote de terreno de 22.126 mts2 (2 hectáreas con 126 mts2) para la construcción de viviendas por un
monto de un mil quinientos noventa y nueve millones de bolívares viejos (1.599.000.000 o 1.599.000,oo BsF).Ese
lote de terreno forma parte de las 5 hectáreas con 778 mts2, pero aparte de ese
lote FUDET compró otro lote de 3.574 mts2 por un monto de 200 millones de Bs.
viejos, para un total de 25.700 mts2 y un total de 1.799.000.000 de Bs. viejos
(un mil setecientos noventa y nueve millones de Bs), o 1.799,ooBs. F., según
documento protocolizado el 11 de Marzo del 2.009, bajo el número 2.009.637,
libro de Folio Real del año 2.009, nº 2.009.638.
Las características del terreno en cuestión no son
óptimas para la construcción, pues están
constituidos por arcilla expansiva y solo una pequeñísima área era plana, y el
resto formado por peñascos y vegetación
propia del terreno arcilloso y sin servicios de ninguna índole. A simple vista
se puede observar que hubo allí una sobredimensión del valor real de dichos
terrenos en la venta que se hizo a la alcaldía y a FUDET.
En la primera compra venta del 2.005, el metro cuadrado
fue valorado en 354,50 Bs. viejos. Para el 03 de Agosto del 2.006 la alcaldía
compró 17.488,97 mts2 a 11.488, 97 Bs. el Mtro 2, mientras que para el 11 de
Marzo FUDET pago el metro cuadrado en 70.000 Bs. viejos. En tan solo 2 años y 8 meses el Mtro 2 lo
incrementaron 58.511 Bs. respecto a la anterior negociación con la alcaldía de
Valera. En el año 2.005 Esteban
Fontiveros canceló 6.170.861 Bs. por 17.408 mts 2, y en tan solo 8 meses la
alcaldía de Valera pagó 200 millones de Bs. viejos por esa misma cantidad de
terreno.
Siguiendo el análisis, en el año 2.006 la alcaldía pagó
por 17.408 Mts 2 la cantidad de 200 millones de Bs. viejos, mientras que la
gobernación a través de FUDET canceló
por esa misma cantidad 1.218.560.000 Bs. viejos, dos años y 8 meses
después, es decir que pago 1.018.560.000 Bs. viejos más por lo que la alcaldía pagó por esa misma
cantidad de terreno en el año 2.006. Es decir que en ese lapso, el vendedor de
los terrenos incrementó el 509,28 % el valor por los 17.408 Mts 2.
Con este estudio se demuestra que en tan solo 2 años y 8
meses se produjo una negociación por parte de la gobernación del Estado
Trujillo a través del Ingeniero Juan Toro, en representación del FUDET con un
precio sobre dimensionado que raya en los más vulgar de la exageración, lo que
puede considerarse como un sobre precio de 509,28 %, considerando la baja
calidad del terreno (arcilla expansiva), no apto para la construcción de
viviendas, la inexistencia de servicios, y lo accidentado de la topografía que ameritó el gasto aproximado de 3 mil
millones de Bs. viejos para hacer el movimiento de tierra. A esto hay que
agregar que esa sobre valoración del monto cancelado hace encarecer el valor
del Mtro 2
en la periferia de la ciudad de Valera. Esto
ha ocasionado un doble perjuicio a la nación
por cuanto produjo una inflación artificial en el precio de los
terrenos, y aún más en los suelos de menor calidad para la construcción,
constituyendo así una estafa al Estado venezolano promovida y permisada por
funcionarios públicos. Repetimos: ¡detrás de cada obra, actuación o decreto de
la derecha endógena, hay un negocio montado! Exhortamos a las comunidades de
todos los municipios a que le metan la lupa en las negociaciones donde se
involucre el FUDET, haciendo contraloría social y evitar que se sigan haciendo
negocios fraudulentos contra la nación. Esta desviación perversa la comete la
gobernación a través de FUDET y su director,
al haber obviado interesadamente la
Ley de Expropiación por causa de Utilidad Pública o social aprobada por la Asamblea Nacional
el 21 de Mayo del 2.002 y publicada el 1ro de Julio del mismo año en la Gaeta Oficial 37.475. La
aplicación de esta Ley le hubiese ahorrado al Estado venezolano una gran
cantidad de recursos en la adquisición de esos terrenos mediante un
procedimiento administrativo que finalizaría con la adquisición de esos
terrenos por causa de utilidad pública o social mediante sentencia firme y
“pago oportuno de justa indemnización” como lo reza el Artículo 2 de la
Ley. Hugo Cabezas pasó por encima de esta
norma al efectuar una negociación directa con el propietario de los terrenos.
En tal sentido responsabilizamos al gobernador de Trujillo, a su equipo de
Directores forasteros y muy especialmente al pescador de terrenos Juan Toro,
por el desfalco a la nación con la compra de lotes de terrenos y el
encarecimiento artificial de los mismos.
El Consejo Legislativo Regional y el Concejo Municipal de
Valera también son corresponsables al no haber hecho uso de esta Ley que los
faculta para hacer la declaratoria de utilidad pública o social de terrenos
privados para la construcción de obras para el bien común según el Artículo 13
de esta Ley. Está perfectamente claro que funcionarios públicos del Estado
Trujillo cometieron falta grave al obviar esta Ley y ocasionarle daños a la
nación, mostrando negligencia en sus funciones. Exhortamos a las comunidades de
todos los municipios a que le metan la lupa en las negociaciones donde se
involucre el FUDET, haciendo contraloría social y evitar que se sigan haciendo
negocios fraudulentos contra la nación, para lo cual deben conocer la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social, la Ley de Tierras Urbanas y la Ley contra la Corrupción.
En vista de los cuantiosos casos de corrupción
administrativa que los tribunales no han sancionado, ni castigado a los que por
negligencia han provocado perjuicio a la
nación, y debido a la compra de muchos jueces para no castigar a los corruptos
y debido a la protección y complacencia de altos funcionarios nacionales y
regionales con el funcionarato que comete actos de corrupción administrativa,
se hace indispensable y urgente la
creación de una Ley de Contraloría Popular y una Ley de Tribunales Populares de
Moral y Ética. Eso servirá para combatir el burocratismo, la corrupción y la
ineficiencia de los funcionarios públicos, con lo cual se profundizará y salvará este proceso político. Con un
partido y un gobierno depurado de elementos de la derecha, se sustituirá el
centralismo burocrático por un centralismo democrático donde los funcionarios
sean elegidos según su formación clasista, sean revocables, den participación a
los trabajadores en las decisiones, castigue el burocratismo, y elimine la
formación de élites privilegiadas en la administración pública llenos de
intereses ajenos a los intereses colectivos. Se ha demostrado que no ha
existido nunca la libertad y la
democracia hacia dentro del partido y de las estructuras del gobierno. El
pueblo necesita esa libertad para efectuar la contraloría popular sobre los
recursos que manejan los gobernantes. En Trujillo se cierran areneras y se
crean empresas con intereses personales del
gobernante, al igual que bloqueras y plantas de asfalto llamadas
empresas socialistas, pero sin la libertad de que el pueblo pueda hacer
contraloría e investigue y vigile los ingresos de esas empresas y su destino,
de ahí que pierdan el carácter de empresas socialistas y se conviertan en
empresas de carácter personalista.
EN LAS PÁGINAS
SIGUIENTES APARECEN LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS DE ESTE DESFALCO AL
TESORO REGIONAL. SON DOCUMENTOS DEL REGISTRO INMOBILIARIO DE LOS MUNICIPIOS
VALERA, MOTATÁN Y SAN RAFAEL DE CARVAJAL DEL ESTADO TRUJILLO
No hay comentarios:
Publicar un comentario